DEFICIT FISCAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

Dado el auge argumental en Cataluña sobre fiscalidad
territorial, la justicia derivada de ese reparto y su inclusión en el nuevo
estatuto, queremos aclarar:



1. Hablar del déficit fiscal de Cataluña es una trampa conceptual, puesto que
hablamos de un sujeto fiscal inexistente. Y si no hay sujeto, ¿cómo hablar de
sus atributos? Cataluña no tiene déficit, tampoco superávit. Quienes pagan
impuestos son los ciudadanos, unos más y otros menos, al igual que perciben un
retorno en forma de servicios del Estado. Por supuesto, la aportación de cada
uno no guarda relación con el retorno que obtiene. Esto es obvio, pues si fuera
proporcional ¿para qué pagar impuestos? Es más fácil que cada uno se costee
todas sus necesidades, evitando todo el aparato de la recaudación y de la
redistribución. Pero entonces ¿para qué el Ministerio de Hacienda?, ¿para qué
el Estado?, ¿para qué la Generalitat?



2. De nuevo la anulación de diferencias de clases y de intereses en Cataluña.
La seducción del discurso es evidente, si el déficit es de Cataluña, los buenos
catalanes debemos reivindicar su reparación. De una tacada se eliminan las
diferencias de los ciudadanos, no ya en sus particulares cuentas con el fisco,
sino, en sus convencimientos profundos respecto a qué función deben cumplir los
impuestos y, en última instancia, cuál es el papel del Estado y cuál debe ser
su tamaño (terreno conceptual donde las diferencias entre derecha e izquierda
difieren tanto)



3. Otra trampa: reivindicar la compensación del «déficit» es una explicación en
positivo de la deuda de la Generalitat. Es decir, la deuda no es una
consecuencia de una gestión incorrecta, sino que se debe a la insuficiencia
crónica de recursos. Esto sencillamente es falso; hasta los más humildes saben
que las deudas no dependen tanto de lo que se tiene, que es lo pactado y
aceptado, como con lo que se gasta: la prestación de servicios y la
administración de recursos de la Generalitat, examinada con la perspectiva del
tiempo, no ha sido precisamente ejemplar, mientras que la dotación de
presupuestos para Presidencia o el coste del aparato administrativo es tan alta
como difícil de justificación y de control (y no entremos en las necesidades
surgentes: policía propia, representación exterior, TV3, publicaciones que
nadie lee, etc) . Sin embargo, estas circunstancias, empleadas por los miembros
del tripartito mientras eran oposición, han desaparecido ahora tras la
«charlotada» del fiasco: «Vds. tienen un problema... se llama 3%». En efecto,
la argumentación sobre el «déficit» ha dado el perdón y la bendición a la
política desarrollada por CiU y a su entramado de intereses. Mala gestión,
clientelismo, comisionismo, nepotismo, intereses familiares y prácticas
espurias, han dejado de existir. «Tot queda a casa».



4. Otra alerta más. Poniendo la cuestión fiscal y económica en primer plano se
acaba enmascarando el tema del nuevo estatuto: la consagración de la dualidad
de la sociedad catalana por la vía de la legitimación social de unos catalanes
de rango principal sobre otros de rango subordinado. Se trata de dar carta de
naturaleza al catalán como única lengua, relegando el castellano a mero
accidente histórico, al tiempo que a sus hablantes a realidad social
transitoria, que debe mantenerse supeditada a una dócil y muda integración.



5. Para acabar, convendría no utilizar la palabra solidaridad con largueza. Es
más honesto hablar de justicia distributiva cuando se habla de impuestos.
Solidaridad tiene que ver con la voluntad, mientras que justicia distributiva
tiene que ver con la obligación legal consecuente con una organización social
avanzada.



Lo decimos como catalanes y desde Cataluña. La manipulación demagógica y la
argumentación para mantener privilegios de los ya favorecidos no la podemos
avalar.